Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 20 de agosto de 2013
Este artículo, apoyando el principio de la renta básica, cuestiona alguna de las aplicaciones de tal propuesta.
En 2006 publiqué mi libro El
subdesarrollo social de España (Editorial Anagrama) en el que
documentaba las causas y consecuencias del enorme subdesarrollo del
estado del bienestar en España y en sus diecisiete Comunidades
Autónomas. En el texto, aún cuando señalaba mi coincidencia con el
principio de garantizar una renta básica a los ciudadanos y residentes
del país, tenía mis dudas sobre la manera como se estaba proponiendo por
algunos defensores de la Renta Básica (RB) de cómo hacerlo. Tal
propuesta –la de establecer RB en España- era y continúa siendo una de
las medidas que ha acaparado más la atención de las fuerzas progresistas
en nuestro país. Hoy, en unos momentos de grandes recortes del
insuficiente estado del bienestar español, tal propuesta de establecer
una renta básica se ha convertido en central en las reivindicaciones de
sectores de las fuerzas progresistas del país. De ahí que sea importante
iniciar de nuevo un debate sobre la conveniencia ahora de tal medida y
cómo llevarla a cabo, estableciéndose un debate sin acrimonia, entre
fuerzas progresistas que comparten el objetivo de mejorar la tan
subdesarrollada España social.
Veamos pues los argumentos y los datos. Y
miremos primero las áreas de acuerdo. Tengo que suponer que toda
persona o fuerza política progresista está de acuerdo en que el Estado
(ya sea central, autonómico o local) debería financiar una serie de
servicios públicos, tales como la sanidad, las escuelas primarias y
secundarias, las escuelas de infancia, la educación terciaria, los
servicios sociales, la atención domiciliaria a personas con
discapacidades, las viviendas asistidas, la vivienda social, las
residencias de ancianos, los programas de prevención de la exclusión
social, los programas de integración de los inmigrantes, los programas
de formación profesional y otros servicios públicos que garantizan el
bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos. Pues bien, en
cada una de estas áreas, el subdesarrollo y la subfinanciación de estos
servicios es, en España, enorme. España está a la cola de la Europa
Social. Tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más
bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de
la UE más semejantes en su desarrollo económico al nuestro. Mi libro
documenta con gran detalle este retraso. Y nadie ha cuestionado los
datos.
Asumo que nadie que se defina como
progresista dude de la necesidad de aumentar sustancialmente el gasto
público en estos servicios públicos, para alcanzar, al menos, los
niveles que corresponden a nuestro país por el nivel de desarrollo
económico que tenemos. Estamos hablando de un déficit de gasto público
muy considerable, que, ya antes de la crisis, no era menor a 66.000
millones de euros (unos seis puntos del PIB). Y también asumo que nadie
que se considere progresista cree que la manera de solucionar este
enorme déficit social sea dando un cheque social a cada ciudadano y
residente para que se espabile por su cuenta y pague con este dinero
unos servicios privados que sustituyan a los públicos, a los cuales el
cheque público sustituiría (para una expansión de este y otros puntos
ver el capítulo 9 de mi libro El subdesarrollo social de España). La
corrección de este déficit de gasto público social requerirá una
movilización masiva, todavía más acentuada y extensa ahora, cuando en
lugar de reducir se está expandiendo enormemente este déficit de gasto
público social como resultado de los recortes.
Veamos ahora el segundo gran capítulo
del estado del bienestar: las transferencias públicas a las personas,
ciudadanos y residentes en España. Estas transferencias siguen una
determinada lógica, respondiendo a necesidades específicas que generan
su demanda. Tienen como objetivo garantizar determinados niveles de vida
(en general, definidos austeramente) a los beneficiarios, sean estos
pensionistas, ancianos, infantes, jóvenes, familias, personas con
discapacidades o personas en paro, entre otros. De nuevo, como en el
caso de los servicios públicos, el gasto en transferencias por persona
es bajísimo. Un cálculo elemental muestra que para alcanzar el nivel de
gasto público en transferencias que deberíamos tener (al menos, por el
nivel de desarrollo económico que tenemos) tendríamos que incrementar el
gasto público en dichas transferencias en un 5% o 6% del PIB. Sumando
esta cantidad a la anterior (déficit de gasto en servicios) nos da una
cifra más que respetable: un total de más del 11% o 12% del PIB. Creo
que la corrección de este déficit debería ser el objetivo principal de
cualquier medida progresista en el país.
¿Qué quiere decir renta básica?
Veamos ahora qué entendemos por renta
básica. El concepto de renta básica implica que todo ciudadano o
residente tendrá garantizada por parte del estado la renta necesaria
para vivir una vida digna. No creo que nadie, con sensibilidad
progresista, pueda oponerse a este principio. El punto clave, sin
embargo, es cómo garantizarlo. Una versión de la renta básica es que
todo ciudadano, como derecho universal, es decir, derecho de ciudadanía o
residencia, reciba un cheque público que sea de una determinada
cantidad que garantice una vida digna. Naturalmente, un punto clave en
este principio es qué quiere decir “vida digna”. Por regla general, vida
digna se interpreta como vida no pobre, es decir, por encima del umbral
de pobreza (Las cantidades que, por regla general, se utilizan son
bastante bajas). Aún así, multiplicando el número de ciudadanos y
residentes por el cheque de renta mínima básica 8.551 euros al año (60%
de la renta media del país) se obtiene una cifra alrededor del 37% del
PIB. Y ahí es donde la pregunta debe hacerse. ¿Es esta cantidad además
de la necesaria para corregir el enorme déficit de gasto público social
o es en lugar de? Si es además veo muy difícil, casi imposible (en la
situación política del país con gran dominio de las derechas en la vida
política del país), llevar a cabo dos propuestas muy ambiciosas (la
necesidad de corregir el déficit social y el establecimiento de la RB) a
la vez.
Lo cual me lleva al tema de cómo
eliminar la pobreza, que es uno de los objetivos del movimiento a favor
de la renta básica y que yo comparto. Y es aconsejable mirar la
experiencia de los países que han sido exitosos en reducir e incluso
eliminar la pobreza. Y todos ellos tienen un estado del bienestar muy
desarrollado, como consecuencia de toda una serie de intervenciones que
van desde la provisión de servicios públicos a la provisión de una renta
asegurada para colectivos e individuos que reúnen una serie de
condiciones, que la gran mayoría de la ciudadanía puede cumplir en
situaciones vulnerables, lo cual explica la gran popularidad de estos
programas.
La estrategia antipobreza de la
socialdemocracia y de los partidos comunistas gobernantes (después de la
2ª Guerra Mundial en la Europa Occidental), incorporada también más
tarde por sectores de izquierda de la democracia cristiana como la
alemana, defensora entonces de la economía social, fue desarrollar
políticas de pleno empleo, que estimularon el aumento de la población
adulta que trabajaba (facilitando sobre todo la integración de la mujer
en el mercado de trabajo mediante la universalización de los servicios
de ayuda a las familias y sobre todo a la mujer, además de cambiar la
mentalidad del hombre haciéndole corresponsable de las tareas
familiares), con buenos salarios y con políticas de formación
profesional que aumentaran la productividad y por lo tanto el salario,
todos ellos elementos clave de una estrategia a corto y a largo plazo,
con la provisión de una renta más que básica para aquellas personas que
por causas ajenas a su voluntad no pudieran trabajar. Y aunque esta
estrategia cambió en los partidos socialdemócratas con la aparición de
la Tercera Vía y otras vías afines y con el abandono de la sensibilidad
de izquierdas dentro de la democracia cristiana, la evidencia continúa
mostrando que la estrategia antipobreza más acertada es la que
utilizaron aquellas tradiciones políticas antes de que fueran
abandonadas por aquellos partidos, a partir de la década de los ochenta.
La eficacia de aquellas intervenciones está más que probada. Suecia,
por ejemplo, adquirió uno de los niveles de pobreza más bajos de la OCDE
(el club de países más ricos del mundo), como también lo consiguió
Dinamarca siguiendo tales políticas.
No niego que, una vez el Estado del
bienestar esté bien desarrollado, el concepto de salario ciudadano pueda
resultar una propuesta atractiva, al distribuir la plusvalía social
según aumente la riqueza del país. Pero establecer un salario ciudadano
cuando nuestro Estado del bienestar está tan poco desarrollado es
comenzar la casa por el tejado.
Hay que garantizar que todo ciudadano y
residente pueda tener los recursos necesarios para vivir una vida digna y
ello implica que el estado debe garantizar que los ciudadanos y
residentes puedan alcanzar tal nivel de renta, bien a través del
trabajo, bien a través de otras fuentes, incluidas las transferencias
públicas, a la cual tenga derecho por sus circunstancias. Y esta renta
debería ser superior a la que se cita frecuentemente como renta básica,
que es más parecida en España a una prestación asistencial antipobreza
que no como derecho universal.
Quisiera terminar estas notas indicando
que, en España, en el País Vasco y en Madrid, entre otras partes del
país, se han desarrollado programas bajo este nombre, de renta básica,
que en realidad no corresponden a lo que se ha llamado tradicionalmente
programas de renta básica. Son, en realidad, propuestas que ofrecen un
mínimo de renta que permita prevenir la pobreza absoluta, programas que
me parecen necesarios y que apoyo. Pero, por favor, que no se confundan
los términos. En realidad, estos programas, a fin de tener la aprobación
popular, parten de un umbral de pobreza tan bajo que solo consiguen
prevenir la pobreza absoluta, lo cual ya en sí es un paso adelante, pero
dramáticamente insuficiente para resolver el problema de la pobreza.
Este requiere un mayor gasto en pensiones y servicios públicos (en el
caso de la pobreza entre ancianos) y facilitar la integración de los
jóvenes y sobre todo de la mujer en el mercado de trabajo mediante
programas de formación y provisión de servicios públicos tales como los
servicios de ayuda a la familia, medidas más ambiciosas y más eficaces
que las ayudas en forma de transferencias para los pobres, que tienen un
impacto menor en la eliminación de la pobreza.
Las políticas asistenciales antipobreza
siempre han sido mucho menos eficaces que las universales en eliminar la
pobreza, siempre y cuando los programas universales (que garanticen la
eliminación de la pobreza) consistan en aportaciones sustanciales a
colectivos vulnerables de caer en la pobreza. Es esta interpretación de
la política de renta básica que, además de ser popular, es factible y
eficaz. Un ejemplo de ello es la Seguridad Social, un programa universal
(a todas las personas que pertenezcan a una categoría, por ejemplo
ancianos, en el caso de las pensiones de vejez) que ha sido enormemente
popular y eficaz. Sin las pensiones públicas, el 62% de la población
anciana sería pobre, siendo el programa antipobreza más importante de
España. Este es el modelo que debería seguirse.
Fuente: Navarro, V. (2013). Disponible en línea: http://www.vnavarro.org/?p=
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