El derecho a la vida digna: por una renta básica (Agustín Moreno)

Fue en San Carlos Borromeo (Vallecas. Madrid), donde resiste uno de los focos que quedan en España de la iglesia de los pobres y de la teología de la liberación. El 1 de julio se reunieron allí unas 50 personas representando a más de una veintena de colectivos y entidades. Estaban convocados por el Campamento Dignidad de Extremadura y por el Frente Cívico Somos Mayoría. Pero detrás hay una larga trayectoria de propuestas e intentonas y también luchas recientes como los “campamentos por la dignidad” citados, marchas de parados, interinos e iniciativas por la renta básica en Andalucía, Murcia, Cataluña… huelgas de hambre por la Justicia en Huesca, etc.

Partían del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

 Y analizaron la realidad: la situación social en España está adoptando características de catástrofe: Paro, precariedad, empobrecimiento, desahucios… Una pobreza de tal calibre que sitúa a un 22% de la población por debajo del umbral que se toma como referencia y que puede ser absoluto (cuando no se tiene para comer) o relativo por tener ingresos  inferiores de la mitad del ingreso medio del país.

En España el Estado de Bienestar es muy escaso, ya que siempre hemos gastado en protección social unos 10 puntos menos que la media de la UE-15. Ello hace que haya dos millones de personas paradas que no reciban prestaciones, que las pensiones sean bajas y que las ayudas a la dependencia han sido reducidas drásticamente. Cuando se empiezan a dar casos de familias que no pueden alimentar a sus hijos y tienen que entregarlos a los servicios sociales, se encienden todas las luces rojas y atravesamos la raya del tercer mundo; recuerda el abandono de bebés en los tornos de los conventos de monjas de hace siglos.

Tal y como ha denunciado la confederación de padres de alumnos (CEAPA) y otras ONGs al relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, hay una “situación alarmante y urgente” de “miles de niños”. Problemas de desnutrición infantil acentuado por el recorte entre un 30-50% de becas de comedor. Y malnutrición de personas mayores, especialmente de mayores de 80 años, que viven solas y con pensiones de miseria. ¿Es esto compatible con el robo, saqueo y despilfarro de una pequeña élite?

Cada vez hay más trabajadores y personas de la clase media empobrecidas, que hace uno o dos años no podían ni imaginar su situación actual. Más mendigos, dramas individuales, familiares y, por extensión, un gran problema social. Es decir, no se cumplen los derechos humanos. El colchón de las ayudas familiares y la beneficencia mitiga algo la galopante miseria, pero no es la solución. La pregunta que hay que hacerse es ¿durante cuánto tiempo se puede mantener?

Frente a esta situación de catástrofe, los reunidos acuerdan poner en marcha un movimiento social contra el paro y la precariedad, organizar y movilizar a los de abajo, al colectivo más vulnerable y abandonado en estos momentos. Defienden una Renta Básica Ciudadana, que definirán en su propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Muchos otros lo vienen haciendo en España y fuera de aquí, como Guy Standing, autor de The Precariat. The New Dangerous Class, que defiende la Renta Básica como un salario mensual de carácter individual, modesto e incondicional, porque ninguna sociedad puede funcionar bien si una creciente proporción de sus miembros se encuentra en la pobreza y tiene inseguridad económica (…) tenemos que ver la Renta Básica como parte de una estrategia redistributiva en la que damos un papel importante a las nuevas formas de representación colectiva”.

 Quieren impulsar una ILP e invitan a participar a todos los movimientos, mareas, sindicatos, fuerzas políticas progresistas, para que no falte nadie. Lo que se plantea en la ILP no es una limosna, es exigir un derecho del ciudadano, algo  que le pertenece como ser humano. Esto va en línea con lo que se está haciendo en la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica Universal e incondicional, en pleno proceso de recogida de firmas para llegar al millón antes de enero de 2014, a fin de que el tema sea abordado en el Parlamento y  la Comisión Europea. Se puede firmar por Internet.

Dice el profesor Daniel Raventós, “cualquier medida que favorezca a la población más débil se considera ir contra corriente, porque parece que se asume que lo único que tiene sentido económico es quitar derechos de la población más perjudicada, la inmensa mayoría, y que los más ricos se queden igual o, incluso, ganen dinero”. Por ello, la iniciativa tiene calado y removerá muchas cosas. Porque además de defender un derecho humano fundamental como el derecho a vivir, cuestiona las políticas neoliberales de empobrecimiento de la población y de abandono a su suerte de los perdedores por la crisis y plantea el reparto de la riqueza. Deja al descubierto la obscenidad de la corrupción que permite que se enriquezcan políticos y empresarios de manera casi impune, y los fabulosos gastos militares y del rescate a la banca, mientras crece una miseria asfixiante y no se rescata a las personas. Pone en evidencia que se priorice la reforma constitucional del PSOE-PP, a través del nuevo artículo 135, que obliga a pagar la deuda aunque la gente no coma. Si la ley va contra la vida, para asegurar el derecho a vivir dignamente de las personas se tendrán que cambiar las leyes. Para ello hace falta un debate público y una movilización popular